Ordizia

Es el tercero de los pronunciamientos de los tribunales, todos ellos a favor del Consistorio, y no cabe recurso

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha zanjado definitivamente el debate en torno a las acusaciones vertidas por la plataforma Oiangu Bizirik contra el Ayuntamiento de Ordizia y su actuación en el proyecto del parque de Oianguren u Oiangu. A través de una sentencia firme remitida a finales de abril, el tribunal sentencia a favor del Ayuntamiento, negando además la posibilidad de recurso y condenando a la plataforma al pago de las costas judiciales.

Representantes políticos de EAJ/PNV y PSE han recordado que en febrero de 2005, el Ayuntamiento de Ordizia adjudicó a la empresa Ikena la explotación del parque de Oianguren para la construcción de un hotel restaurante así como un proyecto de actividades lúdico-recreativas relacionadas con el golf, aprobado por unanimidad por el Consistorio.

Tras dicha adjudicación, surgió la plataforma “Oiangu Bizirik”, que junto con otros sectores de la izquierda abertzale se posicionó en contra del proyecto y recurrió el acuerdo de adjudicación ante los tribunales. El juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Donostia desestimó la demanda de la plataforma que, no conforme, apeló la misma al Tribunal Superior de Justicia.

El ARARTEKO se equivocó

En abril de este año este Tribunal se ha pronunciado nueva y contundentemente, dando la razón al Ayuntamiento y zanjando definitivamente el tema, pues no cabe recurso contra la misma. El Tribunal impone además el pago de las costas judiciales a la plataforma.

Hay que recordar que la plataforma ha vertido toda una serie de acusaciones contra el Ayuntamiento. No sólo contra responsables políticos, sino también contra personal técnico. Se trata de acusaciones de prevaricación, falta de legalidad en el procedimiento, irregularidades, privatización de espacios públicos e, incluso, trato de favor hacia la empresa adjudicataria.

Cabe decir igualmente que la plataforma acudió al ARARTEKO y que dicha institución se pronunció a favor de la plataforma y en contra del procedimiento seguido por el Ayuntamiento, estableciendo una serie de recomendaciones a seguir por el mismo. El ARARTEKO se equivocó. En este sentido, la sentencia afirma que el Ayuntamiento ha seguido estrictamente el procedimiento legal establecido. Es algo que la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia deja muy claro.

La plataforma impugnó el Plan Especial de Ordenación de Oianguren por entender que iba en contra de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbano (NNSS) del municipio. Pues bien, según el Tribunal de Justicia, el Plan Especial se ajusta a las NNSS en todos sus aspectos.

La sentencia dice en referencia al acuerdo de adjudicación de la concesión, que ‘la concesión fue otorgada por el Ayuntamiento en términos que no se han demostrado contrarios al interés general y este interés público que le toca defender prevalece siempre sobre los intereses privados, cualesquiera que sean’. Y añade que, incluso, el Plan Especial destina para su uso como espacio público, una mayor superficie que la disponible anteriormente.

Para el Tribunal, el objetivo de la plataforma no ha sido defender la legalidad, sino, simplemente, hacer inviable el proyecto porque no era de su agrado. Para ello, prosigue, plantearon una estrategia litigiosa de encadenamiento de recursos e impugnaciones con simples miras al objeto último de hacer inviable el proyecto.

Ni irregularidades, ni prevaricación, ni trato de favor

El Ayuntamiento valora muy positivamente la sentencia, al igual que las dos anteriores, pero manifiesta su tristeza por la pérdida del proyecto y de la oportunidad de generación de empleo que suponía, así como porque la localidad no cuenta ya con el hotel-restaurante que demanda ni con la posibilidad de promover una nueva opción deportiva y turística.

Considera especialmente grave el perjuicio moral y económico causado a la empresa adjudicataria del proyecto y el daño ocasionado a responsables políticos y, sobre todo, a técnicos del Ayuntamiento de Ordizia implicados en el desarrollo del proyecto por las acusaciones dirigidas contra sus personas. Se acusó al Ayuntamiento de actuar fraudulentamente y de no licitar públicamente el proyecto. La sentencia concluye, sin lugar a ninguna duda, que no han existido irregularidades, ni actuación fraudulenta, ni prevaricación, ni trato de favor a nadie. Dijeron también que de esta cuestión se haría ‘un caballo de batalla’. Quienes hablaron así han engañado a la ciudadanía.

El dictamen del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco responde también a todas esas acusaciones que tanto la plataforma como diversos grupos políticos han continuando enumerando hasta hace pocos días. Así, no es cierto que el proyecto fuera ‘demasiado grande’ para el Ayuntamiento, ni que haya dejado a la vista su ‘falta de conocimiento’, ni que ‘haya metido la pata una y otra vez’, o no haya sabido ‘controlar el tema desde el punto de vista legal’. Tampoco es verdad que se haya ‘escondido información’ o se haya ‘mentido’, porque a la vista ha quedado que no había nada que esconder. Tampoco que se haya querido privatizar ningún área pública; o que la responsabilidad de toda esta situación recaiga sobre los partidos políticos que gobiernan el municipio de Ordizia. Si todo esto fuera verdad el Tribunal hubiera sentenciado en contra del Ayuntamiento, cosa que no ha sucedido.

El Ayuntamiento de Ordizia no duda de que esta resolución está también en manos de la parte que interpuso el recurso y se pregunta por qué aún hoy, 7 de mayo, no la ha dado a conocer. Es más, esta misma semana la plataforma vuelve a insistir delante de las cámaras de EITB en que –entre otras muchas cosas- se ha incurrido en ‘incumplimientos legales’ y en que hay una ‘dejadez de la situación’ y pide la dimisión de algunas de las personas que gobiernan el Ayuntamiento. A la vista queda que es la plataforma quien miente y quien oculta información.

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