Hezkuntza

Reformulación del Plan Vasco de Educación para la Paz y los Derechos Humanos (2008-2011)

INTRODUCCIÓN

Las políticas de víctimas en Euskadi han tenido desde la Proposición no de Ley del año 2003 una hoja de ruta firme que ha ido acumulando y desplegando actuaciones posibilitadoras y promotoras de la verdad, la justicia y la reparación que dicho colectivo, sin duda, merece. Las políticas de víctimas tienen como es obvio un destinatario primero y principal: las propias víctimas. Y a ellas precisamente se deben dirigir políticas exclusivas que se afanen por reparar su dolor, reconocer su sufrimiento y que hagan cierto y real acompañamiento de la propia sociedad que así pueda encontrar en aquéllas el justo canal de solidaridad.

Las políticas de víctimas también deben tener un correlato en el ámbito educativo. La educación también es un campo, sin duda, donde esta parte de nuestra realidad social debe encontrar una traducción adecuada que pueda producir como resultado en el medio y largo plazo que las nuevas generaciones puedan conocer esa realidad y sintetizarla en positivo, extrayendo de una realidad tan dramática una primera lección: la violencia nunca es un buen camino para resolver conflictos. Primera lección sobre cuya base, además, debe tenderse a que la escuela, al paso, y mano con mano con el resto de las instancias sociales y políticas, pueda aportar su grano de arena a una sociedad vasca más cohesionada, mejor y más profundamente enraizada en la cultura de los derechos humanos y, en consecuencia, con mayor capacidad crítica para ir conformando una memoria compartida e inclusiva que haga posible una reconciliación en la que todas las heridas del pasado vayan integrándose y cerrándose a la par que la democracia vasca refuerza sus muros.

Esta visión previamente señalada coloca a la educación como una política especial cuyo foco no son las víctimas de forma inmediata. No pueden abordarse los aspectos educativos a considerar en esta materia como si fuera una política de prestaciones personales o indemnizatoria. Tampoco como un instrumento para hacer visibles o reconocer a las víctimas su sufrimiento, dolor y expresarles nuestra solidaridad. La política educativa debe dirigirse, a diferencia de las anteriores, a esa capacitación crítica y apartidaria que en el medio y largo plazo permita que despliegue su función de semillero de la nueva sociedad vasca reconciliada y, en consecuencia, capaz de mirar, asumir, reconocer e integrar el pasado desde una visión común e inclusiva.

Por todo ello el correlato de las políticas de víctimas en la educación no puede ser una “política de víctimas antiterrorista”. El angular adecuado no puede ser un acompañamiento de la represión del terrorismo en las aulas. La política antiterrorista tiene sus caminos propios y una proyección inadecuada sobre el ámbito escolar puede tener unos efectos devastadores y a buen seguro contraproducentes desde los objetivos que se dicen perseguir. Y por ello, en pleno ejercicio de responsabilidad, desde el EAJ-PNV estamos firmemente convencidos que sólo impulsando una política educativa de acompañamiento a las víctimas que esté bien enfocada podremos avanzar en una materia tan delicada como ésta. Y ello pasa, indefectiblemente, por una reconsideración integral de esta política que mire como elemento y polo de referencia al bloque de los derechos humanos como un todo indivisible, universal e interdependiente.

El angular adecuado desde el que la educación puede colaborar y aportar en esta materia es el de los derechos humanos. Este es el suelo mínimo desde el que es posible construir una casa común, un mínimo pre-político en el que todos y todas los ciudadanos y ciudadanas vascas se puedan ver reconocidos. Unos derechos humanos cuya definición, principios de interpretación y aplicación gozan de consenso internacional y que, precisamente por ello, suponen una vacuna contra tentaciones sectarias o contra visiones parciales e insuficientes que pudieran cometer el error de impulsar discriminatoriamente el abordaje de las diversas y complejas transgresiones de los derechos humanos. Porque la educación no puede permitirse el error de introducir una visión no equitativa y justa que pudiera llevar a las generaciones futuras a revisar las bases de justicia y democracia de nuestra convivencia.

¿Y cómo podemos tener la garantía que los impulsos de cada gobierno en esta materia son equitativos? Las instancias internacionales y, en particular, las Naciones Unidas a través del trabajo de su Alto Comisionado para los Derechos Humanos establecen una hoja de ruta que da esa garantía. Desde la celebración de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, auspiciada por las Naciones Unidas y celebrada en Viena en 1993, se toma definitivamente conciencia de que la educación, la capacitación y la información pública en materia de derechos humanos son indispensables para establecer y promover relaciones estables y armoniosas entre las comunidades y para fomentar la comprensión mutua, la tolerancia y la paz. La Conferencia además instó expresamente a los Estados e instituciones a incluir los derechos humanos, el derecho humanitario, la democracia y el imperio de la ley como temas de los programas de estudio de todas las instituciones de enseñanza académica y no académica.

Como resultado de la Conferencia de Viena la Asamblea General de la ONU en su Resolución 49/184 del 23 de diciembre de 1994 proclamó el periodo 1995-2004 como Decenio de las Naciones Unidas para la educación en la esfera de los derechos humanos. En este marco se estableció un programa general de actuaciones cuyo eje central se articulaba sobre la necesidad de que los Estados o entes regionales presentaran su propio Plan de acción. El objetivo del Decenio pasaba por diseñar una estructura en red a nivel mundial de actuaciones coordinadas y homogéneas que permitiera trabajar con el mismo lenguaje, instrumentos y fines, y que se desplegara, además, mediante una planificación estratégica que fuera siendo evaluada en sus resultados para ir reorientando y depurando los esfuerzos por la extensión de la cultura de los derechos humanos. Tanto el programa general de actuación del Decenio como la estructura de los Planes Nacionales de Acción partían de la necesidad de establecer un diagnóstico y evaluación de las necesidades a nivel mundial y doméstico, para diseñar, a continuación, programas concretos de capacitación, promoción y difusión de los derechos humanos. Instaba especialmente a establecer centros de coordinación y centros de recursos. Y, por último, establecía asimismo criterios de evaluación de los programas.

La corriente universal señalada encuentra además un eco particular en el ámbito regional europeo en el que prende con especial incidencia la conciencia de reforzar los aspectos educativos en materia de ciudadanía, valores democráticos y derechos humanos. Así ya desde la década de los 90 el Consejo de Europa intensifica especialmente su actividad a través del Programa Juvenil para la Educación en Derechos humanos (año 2000) a la que siguió, entre otras muchas iniciativas, la declaración del 2005 como Año europeo de la Ciudadanía a través de la Educación. Dicho año, como en el caso del Decenio para la educación en derechos humanos de la ONU, no pretendía sentar un paréntesis temporal de intervención sino iniciar un trabajo, desde entonces con vocación de permanencia, para hacer de la educación para la ciudadanía y la educación en derechos humanos un objetivo fundamental de las políticas educativas. Resulta también de obligada mención la concreción del impulso político general ya señalado en la Recomendación 12 (2002) del Comité de Ministros sobre educación para la ciudadanía democrática y la antecedente Recomendación 1346 (1997) sobre educación en derechos humanos.

MARCO GENERAL DEL PLAN

El Plan Vasco de Educación para la paz y los derechos humanos pretendía introducir a Euskadi de forma expresa, plena y definitiva en la corriente internacional descrita, abriéndose a una colaboración corresponsable con los organismos internacionales y demás actores en la lucha por los derechos humanos.

El planteamiento del Gobierno carece además de la evaluación pedagógica previa que argumente la necesaria reformulación del Plan de Educación. El único argumento es de impulso político. Bajo argumentos sólo políticos (se habla de evaluaciones, de diagnósticos pero no se incorporan) se da por fracasado el plan anterior. El Plan anterior, sus evaluaciones, tienen una nota satisfactoria y permiten encauzar el debate en términos pedagógicos. No podemos dar por válidas afirmaciones políticas sin ninguna base. A las evaluaciones anteriores deberían seguir, en primer lugar, las evaluaciones del actual gobierno y no únicamente un análisis de impulso político. Faltan, por tanto, las evaluaciones que el Gobierno Vasco dice haber realizado en esta legislatura, sobre el Plan en general y sobre los programas piloto en las aulas
(Bakerako Urratsak), que argumentan la tan “necesaria” reformulación. Aspecto este sobre el que, de forma coincidente, se pronunció el propio Consejo Escolar como órgano representativo de la Comunidad Educativa.

El documento consolidado por el Gobierno Vasco de 14 de mayo de 2010 es fruto, además, de una enorme precipitación si no es un punto de partida para una negociación seria, sin prisa ni pausa pero, sobre todo, en estos momentos de confusión y alarma social, sin prisa. El documento fusiona mediante un evidente “corta y pega” el documento originalmente presentado por el Gobierno Vasco con partes del Plan anterior llevando a un resultado final incoherente, caótico y difícil de comprender. Un documento así redactado no haría sino aumentar la confusión de la comunidad educativa y, de cualquier manera, desdibuja la visión integral de la educación para la paz y los derechos humanos que dice preservar.

EAJ/PNV considera que el Plan de Educación para la Paz y Derechos Humanos es un plan hoy por hoy válido, tanto en sus objetivos como en sus principios rectores, en cuyo seno podría haber tenido lugar una adecuada complementación con la propuesta del actual Gobierno Vasco, siempre que no supusiera una desnaturalización de su concepción global tal y como viene demandada por las propias instancias internacionales.

CARÁCTER DEL PLAN

La visión subyacente al Plan respecto de la educación en y para los Derechos Humanos tiene que ser global, INTEGRAL. El texto reformulado consolidado, sigue careciendo de su carácter integral, porque aunque cita el resto de vulneraciones de derechos humanos, desde una perspectiva educadora no se pueden priorizar unos sufrimientos sobre otros. Se introduce el discurso político de forma cruda en el discurso educativo desactivando este último y dificultando su desenvolvimiento natural. Parcializa el enfoque global, chocando contra la filosofía de Plan, según el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.

Las acciones, por tanto, que tienen un contenido más particular y dirigido a la materia de víctimas deben poderse alojar e impulsar desde el cuerpo global del Plan sin que este quede colonizado y fagocitado por el mismo hasta el punto de que deja de ser tal para convertirse de un “todo” a una “parte”. Cabe incluir la parte en el todo pero no sustituir el todo del plan por las acciones de sensibilización en materia de víctimas.

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